A pesar de las controversias, numerosos youtubers de renombre y creadores de contenido optaron por hacer las maletas y dirigirse hacia los hermosos valles de Andorra en busca de un sistema fiscal más indulgente. Inicialmente, las autoridades andorranas no solo miraron con buenos ojos esta migración, sino que la alentaron. Sin embargo, en la actualidad, el Gobierno de Andorra parece haber modificado su posición y está imponiendo muchos “obstáculos” a los inversores extranjeros que desean establecerse en su territorio.

El idioma y la inversión.

El Consejo de Ministros del Principado pretende reforzar el control de las inversiones extranjeras debido al impacto que estas están teniendo en la economía del país. Conxita Marsol, Ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, ha anunciado su intención de suspender temporalmente la autorización de inversiones extranjeras en propiedades y modificar la legislación vigente para establecer nuevos mecanismos de control sobre dichas inversiones.

El problema central se relaciona con la especulación inmobiliaria.

Desde 2020, Andorra se convirtió en un destino muy atractivo para los inversores extranjeros debido a su favorable régimen fiscal y a la creciente demanda de viviendas por parte de nuevos residentes que buscaban establecerse en el país. Entre los numerosos requisitos para obtener la residencia se encontraba la necesidad de efectuar un depósito mínimo de 47.500 euros o, en función del tipo de solicitud, realizar una inversión inmobiliaria superior a los 400.000 euros en el territorio, lo cual era una práctica común para obtener los codiciados «pasaportes dorados».

El aumento en la demanda y la cada vez más limitada disponibilidad de terrenos edificables, debido a su escasez y a su topografía abrupta, ha generado un déficit de viviendas y, como consecuencia, un aumento en los precios, fomentando así la especulación en el mercado inmobiliario. Conxita Marsol ha destacado que esta moratoria para restringir las inversiones es «una medida provisional que contribuirá a abordar el problema de la falta de viviendas asequibles en alquiler en el país, como un paso necesario previo al establecimiento de un impuesto sobre las inversiones extranjeras en bienes inmuebles durante este otoño».

Medidas que se van a tomar.

Se implementarán nuevos controles para las inversiones extranjeras a partir de este momento. Todas las inversiones deberán ser registradas ante el gobierno, que tendrá la autoridad final para evaluar su viabilidad en aras de preservar la seguridad nacional, la soberanía territorial y el medio ambiente. Jordi Gallardo, ministro de Presidencia, Economía y Empresa, señaló que «el control posterior garantiza un seguimiento más riguroso de la calidad de las inversiones y su impacto en el producto interno bruto, así como un ahorro de tiempo para los posibles inversores».

Mediante este mecanismo de control, el Gobierno tiene la facultad de revocar la inversión, liquidarla o limitar los derechos de voto y la distribución de dividendos en las empresas. Además, con la próxima legislación se introducirá un nuevo impuesto sobre este tipo de inversiones y se requerirá que la inversión se mantenga durante un período específico bajo pena de sanciones fiscales. Cabe señalar que la respuesta del Gobierno de Andorra no resulta sorprendente, ya que hace varios meses ya había expresado su desacuerdo con las inversiones inmobiliarias de ciertos youtubers que habían solicitado la residencia y que habían acaparado las propiedades disponibles para el alquiler turístico, obteniendo así mayores beneficios en menos tiempo.